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Falta de transparencia, engaño y debilitamiento del sistema democrático: el análisis de cuatro abogados constitucionalistas sobre las listas colectoras

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) — El Gobierno Nacional ratificó que impulsará las listas colectoras para las elecciones presidenciales de 2027. La decisión la comunicó el martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa.

“Se está proponiendo el tema de colectoras que tendrá su dinámica parlamentaria. Veremos cómo responde el Parlamento”, indicó el funcionario.

Con estas palabras, confirmó que el oficialismo irá para adelante con la iniciativa y buscará llevar la discusión al Congreso, pese a que aún no logró unir las posturas de los principales referentes.

Para entender si las listas colectoras son viables desde el punto de vista jurídico, la Agencia Noticias Argentinas conversó con los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez, Carlos Lombardi, Eduardo Gerome y Diego Armesto.

Gil Domínguez afirmó que “las colectoras en sí mismas nunca han sido una opción o una alternativa de las más transparentes para el proceso electoral”.

No obstante, el letrado realizó una aclaración entre las listas colectoras para diputados y las listas colectoras para senadores.

Indicó que “en principio las colectoras de diputados nacionales no tendrían ningún problema porque la elección de diputados nacionales es proporcional según el D’Hondt”.

“Ahora en la elección de senadores nacionales, veo un problema de constitucionalidad, ya que ahí no es proporcional: el partido con más representación saca dos senadores y la oposición saca uno”, añadió.

Por lo tanto, en ese caso “se podría dar la posibilidad de que las dos colectoras que van con un solo presidente saquen dos y uno y sean dos las que tengan la misma oferta, y representen lo mismo mientras que la oposición se quedaría sin nada”.

Es por eso que para el abogado, “en el caso de la elección de senadores no son posibles las listas colectoras”.

Respecto a la falta de transparencia, Gil Domínguez afirmó que “las colectoras llaman a engaño y pueden confundir al electorado”, al tiempo que señaló que “no son de las prácticas más transparentes de todas”.

Acto seguido, insistió: “Si se utilizan en una elección de diputados nacionales pegadas a una candidatura presidencial, yo no le veo muchas objeciones constitucionales. Ahora, en la de senadores sí”. “En la de senadores, las listas colectoras no pasarían un test de constitucionalidad”.

En consecuencia, remarcó: “Para mí está claro que para los senadores no pueden ir colectoras. Para los senadores es inconstitucional porque choca con el formato dado en la Constitución para la elección de senadores, dos y uno”.

A modo de ejemplo, indicó: “Permitiría que el partido A saque 40% y tenga al presidente L, el partido B saque el 35% y tenga al presidente L, y el partido C saque el 30% y tenga al presidente M”.

Eso significaría que “L se quedaría con los tres senadores, cuando la idea es uno por la mayoría y otro por la minoría” y por lo tanto, “iría en contra del formato de elección para senadores previsto en la Constitución”.

Es por eso que hay que distinguir entre las colectoras para diputados y para senadores.

“Las colectoras de diputados por cómo se elige a los diputados son constitucionalmente posibles. No es la mejor alternativa, no es la más transparente, no es la que da mayor seguridad electoral, pero es posible. Ahora, la lista colectora para senadores se complica por la estructura de la Constitución que establece dos y uno”, sostuvo.

Por su parte, Lombardi precisó: “Desde el punto de vista constitucional es evidente que se admite ese tipo de metodología de selección de candidatos, más allá de los cuestionamientos propios de la doctrina”.

A su entender, “las listas colectoras tienen un problema bastante importante desde el punto de vista constitucional y en especial en lo que respecta a la calidad democrática”.

En ese punto, advirtió que “pueden desnaturalizar la relación entre la voluntad del elector con las autoridades, con la representación política y sobre todo con el tema de la igualdad”.

Y enfatizó: “La desnaturalización en lo que refiere a la relación entre los electores y los representantes y en lo que tiene que ver con la igualdad de condiciones en la competencia. Ahí está el conflicto constitucional, más allá de que, insisto, en la doctrina, por ahí aceptan esta metodología a regañadientes”.

A continuación puso el foco en “la distorsión de la voluntad popular” y adelantó que “el problema va a aparecer cuando la cantidad de votos o la acumulación de votos favorezca una candidatura común, aunque las listas que la respalden representen propuestas políticas diferentes”.

Precisó que “la acumulación de votos favorece una candidatura común, aunque las listas que la respalden representen propuestas políticas diferentes o incluso contradictorias” y es por eso que “ahí radica la distorsión de la voluntad popular, debido a que hay asimetrías”.

Añadió que “al llevarse a cabo una distorsión de la voluntad popular, se afecta la igualdad electoral y se manifiesta en la falta de transparencia. Se confunde al elector y se debilita el voto”.

En este contexto, el letrado hizo mención al artículo 38 de la Constitución Nacional, el cual fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 y define y regula a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático.

Al ser consultados sobre antecedentes de listas colectoras, Gil Domínguez marcó que hasta ahora “no hay ningún caso” y señaló que “el más parecido es el caso Bravo, que se llevó a la Corte Suprema de Justicia”.

Precisó que en esa situación “Bravo había juntado dos partidos y armado su candidatura a senador”.

“Ahí la Corte y la Cámara Nacional Electoral condenaron la candidatura al argumentar que no se podían sumar dos listas para conformar la candidatura de un senador y así ganarle a otro”, explicó.

Añadió que el Máximo Tribunal sostuvo que “no se pueden sumar dos partidos para una candidatura a senador porque se está desvirtuando la idea de que tienen que ser dos y uno conforme los votos que saquen y que representen lo que representan, mayoría y minoría”.

En consecuencia, finalmente la Corte Suprema de Justicia asignó la tercera banca de senador al partido “Frente por un Nuevo País” que postuló a Gustavo Béliz.

Aquí Lombardi señaló que “a partir de 2007 hubo una sucesión ininterrumpida del método de las listas colectoras, que se implementó hasta 2011”.

Luego recordó el decreto 259/2019, que prohibió las listas colectoras al establecer que “en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales, las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación”.

Para concluir, acerca del planteo del Gobierno nacional de implementar listas colectoras como una excepción para las elecciones presidenciales de 2027, Gil Domínguez fue claro y afirmó: “Las cosas por más que se hagan una vez no dejan de ser inconstitucionales”.

Acerca de la posibilidad de un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en el caso de que las listas colectoras se implementen, Gil Domínguez adelantó: “Hasta que la Corte se pronuncie, se va a tomar su tiempo”.

Asimismo, agregó: “Lo que sí podría haber es una impugnación en primera instancia”.

Lombardi explicó que “una vez sancionada la ley, todos aquellos que se sientan afectados, es decir, que tengan un interés legítimo en plantear la inconstitucionalidad de la ley, podrían hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese es el método que jurídicamente se podría utilizar”.

Armesto coincidió con sus colegas en la falta de transparencia y afirmó: “Claramente lo que se hace es un engaño a la sociedad o al elector”, debido a que “se produce una inequidad en la competencia electoral porque no hay una competencia en igualdad de condiciones”.

Además, “el elector va a tener la imposibilidad de una información clara y concreta del candidato”, ya que, si bien “hay una buena información, una buena campaña y la gente va a entender, me parece que no es correcto el cambio de las formas o la modalidad electoral casi a meses de la elección”.

Por lo tanto, para el letrado “lo que se busca es darle volumen al Poder Legislativo y crea un conflicto porque el partido político desde el punto de vista provincial va a terminar adhiriendo y pegando su boleta a una fórmula presidencial de un solo partido”, lo cual lleva a “una desvirtuación de las instituciones fundamentales del sistema democrático que son los partidos políticos”.

Es por eso que “hay que prestarle atención a algo que fue durante muchos años criticado por toda la dirigencia política y por los partidos que se identifican con las cuestiones republicanas”.

Por su parte, Gerome subrayó que “la Constitución no hace referencia alguna a las listas colectoras”.

“Por lo tanto, en principio y según la propia prescripción de la Carta Magna, todo lo que no está prohibido, está permitido”, indicó.

Al igual que Lombardi, hizo referencia al artículo 38 de la Constitución y marcó que “reconoce a los partidos políticos el derecho a intervenir en elecciones y presentar candidatos a los cargos electivos”.

Por lo tanto, “como surge de su lectura, la norma no establece que un candidato presidencial deba tener una única lista legislativa ni tampoco impide que distintos partidos apoyen a un mismo candidato”.

Para el abogado, “un candidato presidencial puede llevar dos diferentes listas para diputados sin que se viole la normativa constitucional”.

No obstante, como Gil Domínguez, colocó el acento en la situación de los senadores y subrayó que aquí el tema “es diferente” porque “el artículo 54 determina que cada provincia elige tres senadores: dos se las lleva el partido que obtiene mayor cantidad de votos y la restante queda para el partido que quedó segundo”.

En consecuencia, advirtió: “Si dos listas colectoras que van con el mismo candidato a presidente obtienen el primer y segundo puesto, no podrían quedarse con las tres bancas, ya que el postulado constitucional indica que las mismas deben distribuirse entre fuerzas políticas diferentes en la proporción indicada” y recordó que “esta interpretación fue la seguida por la Corte Suprema”.

Luego volvió al artículo 38 y recordó que “no requiere que cada partido tenga una identidad electoral totalmente diferente de los partidos que participan en las colectoras” y agregó que “por otro lado, los acuerdos políticos no están prohibidos, por lo que resultan compatibles con las normas constitucionales”.

Sostuvo que “no hay óbice constitucional para las colectoras en lo que hace a los candidatos a diputados, pero distinta es la situación de los senadores”, debido a que “en ese caso, debe respetarse que la proporcionalidad se dé respecto a partidos diferentes”.

Por lo tanto, “el proyecto que se está debatiendo en el Congreso debe tener en cuenta estas cuestiones para no conculcar las normas de la ley suprema”.

Para concluir, remarcó que “los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral deben ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras”.

“Así pues, se necesita que sea votado afirmativamente por 129 diputados, ya que el total de la Cámara es de 257 legisladores mientras que en el Senado se requiere que la aprueben 37 de sus 72 senadores”, concluyó.

Agencia NA