Buenos Aires, 19 de enero de 2026 (NA)- La agenda de seguridad escaló en Marcos Paz tras el impulso de los concejales Helvio Allocati Cormack (Juntos por el Cambio) y Ernesto Souza Casadinho (Alianza La Libertad Avanza), que promovieron una sesión extraordinaria para debatir la creciente problemática de la inseguridad y buscar la interpelación del intendente Ricardo Curutchet ante el Concejo Deliberante.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa se apoya en las facultades del cuerpo legislativo local y sostiene que la seguridad se convirtió en “la principal demanda” de la comunidad, con vecinos que reclaman respuestas concretas del Ejecutivo municipal frente a hechos delictivos registrados en las últimas semanas.
En el texto, los ediles plantean que los pedidos de informes previos no resultaron suficientes para clarificar el cuadro y advierten sobre un “silencio sistemático” del Ejecutivo ante requerimientos formales, por lo que buscan que el intendente concurra a una sesión especial y brinde explicaciones en el recinto.
El borrador subraya que el Concejo tiene la obligación de control y seguimiento de las políticas públicas, y señala que la discusión debe tener carácter institucional, más allá de diferencias partidarias, por tratarse de un tema que impacta de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos.
En ese marco, el proyecto sostiene que, si el intendente no asiste a la convocatoria o evita responder, ello podría ser considerado una “falta grave”, en el marco de la normativa municipal citada en los fundamentos.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la exigencia de información precisa sobre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Los concejales piden un detalle de cámaras instaladas y efectivamente operativas, el esquema de monitoreo y el personal asignado, con el argumento de que la tecnología solo es útil si funciona y si hay recursos humanos para sostenerla.
El cuestionario incorporado también solicita datos sobre móviles y patrullaje municipal: cantidad de vehículos disponibles, si están en servicio, cómo se organiza la cobertura por cuadrículas, cuáles son los recorridos y qué articulación existe con fuerzas provinciales. La intención, explican, es conocer el estado operativo real del sistema de prevención.
En paralelo, el texto apunta a un aspecto sensible para cualquier gestión: la ejecución presupuestaria y el destino de partidas vinculadas a seguridad. Piden que el Ejecutivo explique qué recursos hay, cómo se usan y qué resultados muestran, para contrastar inversión con impacto concreto en el territorio.
El proyecto también incorpora una demanda de diagnóstico: solicita un “mapa del delito” de los últimos seis meses, con identificación de zonas de mayor conflictividad, modalidades predominantes y medidas adoptadas a corto y mediano plazo. Para la oposición, sin datos y sin planificación, la política de seguridad queda reducida a reacciones aisladas.
Además, los considerandos señalan que, aunque pueden existir políticas y fondos destinados a prevención, “los resultados en la vía pública” no mostrarían una utilización eficiente de esos recursos, una crítica que busca abrir el debate sobre prioridades, coordinación y control del sistema.
El trasfondo político queda explicitado en el propio texto: los bloques que impulsan la citación plantean que el tema debe tratarse con “responsabilidad institucional”, priorizando la preocupación vecinal, y anticipan que continuarán promoviendo iniciativas para fortalecer controles y mejorar la prevención del delito en el distrito.
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