Buenos Aires, 31 julio (NA) – General Rodríguez quedó autorizado a utilizar equipos de fotomultas provistos por Tránsito Seguro S.A., una empresa que aparece en la investigación federal sobre convenios de once municipios bonaerenses con la Universidad Nacional de San Martín.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la habilitación fue publicada este 31 de julio en el Boletín Oficial bonaerense y coloca al intendente Mauro García ante la obligación de transparentar el contrato, el reparto de la recaudación y los controles aplicados al sistema.
La disposición de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial autoriza al Municipio a usar equipos de constatación de infracciones en los puntos incluidos en el expediente administrativo. El texto identifica a Tránsito Seguro como proveedora registrada ante la Provincia.
La autorización administrativa no constituye una declaración sobre las investigaciones judiciales ni prueba una irregularidad. También confirma que la compañía cumple el requisito formal de inscripción en el registro provincial de proveedores tecnológicos.
El antecedente adquiere relevancia porque el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, analiza convenios mediante los cuales municipios contrataron a la Universidad Nacional de San Martín para gestionar fotomultas y esa casa de estudios trasladó tareas a su fundación y a empresas privadas.
Un informe de la unidad anticorrupción de la Policía Federal incorporado al expediente describió una cadena entre municipios, la UNSAM, FUNINTEC y Tránsito Seguro. La Justicia procura determinar si ese mecanismo provocó desvíos de recursos y si las subcontrataciones respetaron las normas aplicables.
La pesquisa estimó en alrededor de $1.900 millones el dinero supuestamente derivado durante 2024 dentro del conjunto investigado. Ese monto no corresponde exclusivamente a General Rodríguez y no existe una sentencia que determine que fue desviado ni que responsabilice penalmente a García.
Tránsito Seguro negó las acusaciones y sostuvo que el informe no detectó irregularidades. También señaló que el Tribunal de Cuentas bonaerense no formuló observaciones sobre esta materia en los fallos de cuentas de General Rodríguez y otros municipios.
La empresa afirmó además que sus equipos se encuentran homologados y que entregó la documentación requerida. Esas respuestas deben integrar la cobertura porque la existencia de una investigación no equivale a una condena.
El punto político no es anticipar una responsabilidad penal, sino establecer qué decidió hacer la gestión de García ante un sistema alcanzado por una causa en trámite. La autorización provincial permite el uso de los dispositivos, pero no sustituye la rendición de cuentas municipal.
La Comuna deberá publicar el convenio vigente, su duración, el método de contratación, los porcentajes destinados a la Provincia, al Municipio y a cada operador, además de los costos de instalación, procesamiento y mantenimiento.
También corresponde informar la ubicación de cada cámara antes de que comience a labrar actas, los límites de velocidad aplicables, los certificados de homologación y calibración, la señalización preventiva y el mecanismo disponible para impugnar errores.
El Boletín Oficial recomienda realizar campañas de concientización antes de iniciar la constatación efectiva y repetirlas periódicamente. García deberá precisar cómo cumplirá esa condición y si las fotomultas ya tienen fecha de activación.
La seguridad vial puede justificar controles automáticos, pero la prevención no debe convertirse en una excusa para mantener en reserva el circuito económico. La próxima decisión verificable será la publicación del contrato completo y del esquema de auditoría que acompañará a los nuevos equipos.
Agencia NA
