Buenos Aires, 30 julio (NA) – El gobierno de Osvaldo Jaldo confirmó que la deuda pública tucumana alcanzó aproximadamente los $153.000 millones y admitió que utiliza refinanciaciones para sostener gastos de funcionamiento y salarios después de agotar el Fondo Anticíclico.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ministro de Economía, Daniel Abad, detalló este 30 de julio que el pasivo corresponde al consolidado del sector público provincial al 31 de marzo.
La deuda equivale a cerca del tres por ciento del presupuesto vigente y su atención demandará este año alrededor del 2,5 por ciento del gasto previsto.
El nivel se encuentra por debajo del límite legal que permite destinar hasta un diez por ciento del presupuesto al pago de capital e intereses. Por esa razón, la administración provincial sostiene que el endeudamiento resulta manejable.
Ese indicador, sin embargo, no responde por sí solo a cómo se utilizaron los fondos ni por qué el Ejecutivo tuvo que recurrir al crédito para cubrir erogaciones corrientes después de consumir sus reservas anticíclicas.
La principal obligación corresponde a un financiamiento cercano a $80.000 millones concedido por el Banco Macro, agente financiero de la provincia.
A ese monto se suma una asistencia por $55.190 millones del Banco Nación, utilizada para cancelar compromisos con el disuelto Fondo Federal para el Desarrollo Provincial.
Tucumán también mantiene alrededor de $10.000 millones en títulos públicos, entre ellos instrumentos que ajustan por la tasa Badlar. Aunque están denominados en pesos, su costo varía según las tasas abonadas por el sistema financiero.
Abad afirmó que la Provincia no contrajo deuda directa en moneda extranjera. Existen, no obstante, financiamientos internacionales originalmente expresados en dólares que la contabilidad provincial registra en moneda nacional.
El Ejecutivo utiliza una estrategia de refinanciación o roll over, mediante la cual renueva obligaciones y extiende vencimientos para evitar que los pagos inmediatos absorban recursos de otras áreas.
El ministro reconoció que el mecanismo permite preservar fondos de la coparticipación y cubrir gastos de funcionamiento y salarios en un escenario marcado por la caída de ingresos.
También confirmó que numerosas dependencias sufrieron reducciones de partidas cercanas al 20 por ciento y que desde marzo el recorte alcanzó a organismos autárquicos y descentralizados.
La combinación expone el punto más sensible de las cuentas públicas: el Gobierno sostiene que la deuda es baja en relación con el presupuesto, pero al mismo tiempo admite que agotó el Fondo Anticíclico, ajustó partidas y necesita refinanciar para atender compromisos cotidianos.
Un análisis de la ejecución correspondiente a los primeros cuatro meses de 2026 ya había advertido una caída real de los ingresos y una estructura de gastos concentrada casi por completo en erogaciones corrientes.
Según ese relevamiento, la inversión de capital representó apenas el 2,3 por ciento del gasto ejecutado. La cifra limita el argumento oficial de que el endeudamiento se utiliza principalmente para ampliar infraestructura.
Jaldo deberá desagregar cuánto del pasivo financió obras y cuánto se destinó a salarios, funcionamiento, cancelación de deudas previas o refinanciaciones.
También resulta necesario identificar las áreas alcanzadas por el recorte del 20 por ciento y determinar si la reducción afectó hospitales, escuelas, programas sociales, seguridad o servicios públicos.
El monto nominal de $153.000 millones no implica una crisis de solvencia inmediata. El riesgo político surge del uso creciente de crédito para sostener gastos corrientes en una administración que ya no conserva el ahorro acumulado durante períodos anteriores.
Los próximos informes trimestrales deberán mostrar si la Provincia redujo el pasivo, volvió a refinanciar vencimientos o profundizó el ajuste sobre organismos descentralizados.
Agencia NA
