Buenos Aires, 20 septiembre (NA) — La abogada francesa Patricia Duval presentó ante las Naciones Unidas la versión actualizada de su escrito sobre la situación de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas y detenido en la Argentina desde marzo de 2025.
El documento, fechado el 10 de septiembre de 2026, fue entregado durante la última cumbre de la ONU en Ginebra a las instancias competentes en materia de detención arbitraria y de tortura, y solicita la emisión de un llamamiento urgente dirigido al Gobierno argentino.
La presentación está dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y fue remitida en copia a cuatro relatorías especiales del sistema de derechos humanos: la de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la de libertad de religión o de creencias; la de libertad de opinión y de expresión; y la de cuestiones de las minorías.
Duval, abogada matriculada en el Colegio de Abogados de París, firma el escrito en su calidad de letrada y actúa en el plano internacional del expediente.
Se trata de la segunda vez que pone la situación del imputado en conocimiento del organismo de la ONU, ahora con documentación médica y académica incorporada.
En el texto se describe a Rudnev como un disidente político y antiguo líder de un grupo espiritual en Rusia, y se sostiene que su detención en la Argentina es arbitraria y transcurre en condiciones inhumanas y degradantes, al punto de exponerlo a un riesgo de muerte inminente.
Según la presentación, el imputado fue arrestado el 28 de marzo de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva.
Al momento del escrito acumulaba un año y medio de encierro cautelar por una imputación de “crimen organizado” que, se afirma, no está respaldada por prueba alguna.
El documento sostiene que la acusación no se apoya en elementos de convicción sino en señalamientos repetidos desde Rusia, donde se lo presenta como un “líder de una secta maligna”.
Esa caracterización, agrega, fue difundida por el régimen de Vladímir Putin y trasladada sin control al expediente argentino.
El presunto “crimen organizado” consistió, de acuerdo con el escrito, en el desarrollo de prácticas pacíficas de yoga y en la fundación de un nuevo grupo religioso en territorio ruso.
Esa actividad despertó la hostilidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el marco de su disputa con minorías religiosas a las que considera competidoras.
En Rusia, Rudnev fue condenado a once años de prisión y trasladado a colonias penales en Siberia, mientras que su grupo religioso fue prohibido en todo el territorio de la Federación Rusa sobre la base de acusaciones de “lavado de cerebro” que la presentación califica de vagas y arbitrarias.
Tras cumplir íntegramente aquella condena, emigró a la Argentina. Allí fue detenido a pedido de un fiscal que, según Duval, invocó exactamente las mismas acusaciones por las que ya había sido juzgado y había purgado pena en su país de origen.
Durante el encierro, su estado físico se deterioró hasta el punto de que debió ser trasladado a un hospital para una cirugía de urgencia.
Pese a que su cuadro exige cuidados médicos permanentes, las autoridades acusadoras impulsan su regreso a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad donde, se afirma, esa asistencia no puede brindarse.
El último informe médico forense, fechado el 29 de mayo de 2026, concluyó que el estado de salud del imputado requiere “un entorno de cuidado continuo que garantice asistencia diaria de enfermería, acceso inmediato a servicios de urgencia en cardiología y neurología, y condiciones de seguridad física que eviten traumatismos en una columna cervical críticamente comprometida”.
El peritaje agrega que esas condiciones, por su naturaleza y complejidad, solo pueden satisfacerse en el marco de una prisión domiciliaria con supervisión médica periódica.
A partir de esa conclusión, la presentación es categórica: enviarlo a una cárcel de máxima seguridad equivale a condenarlo a una muerte segura.
El planteo vincula así la discusión sobre la modalidad de detención con la propia subsistencia del imputado.
El escrito remarca que, pese a numerosos recursos y acciones de hábeas corpus fundados en evidencia médica, no se ordenó ninguna liberación, aun cuando la legislación nacional contempla medidas menos gravosas como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico y la retención de la documentación de viaje.
Sobre el riesgo procesal, Duval sostiene que no existe peligro de fuga alguno: el imputado cumplió íntegramente las condiciones de la domiciliaria cuando la tuvo, carece de documentación y su cuadro clínico vuelve objetivamente imposible cualquier intento de evasión.
Como anexos se acompañan el informe médico forense del 29 de mayo de 2026 y una publicación académica elaborada por una comisión de diez especialistas internacionales, difundida en el Journal of CESNUR correspondiente a octubre-noviembre de 2026.
Agencia NA
