Buenos Aires, 4 diciembre (NA) — El Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias que se efectuarán desde la próxima semana el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a los personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.
La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto 2026, fue girada a la Cámara de Diputados en junio pero el oficialismo nunca lo habia puesto en tratamiento. Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, La Libertad Avanza también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El proyecto sería tratado entre jueves y viernes en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que son los únicos organismos que se armarán en esta primera etapa de las sesiones extraordinarias, señalaron voceros del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas.
A la luz de la nueva conformación del cuerpo que asumirá en diciembre, el oficialismo tendrá junto a sus aliados mayoría en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, lo que le permitirá entre el jueves y viernes firmar el dictamen para tratar esa iniciativa el martes 16, junto a la ley de gastos y recursos.
Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal mantendrán la misma conducción ya que seguirán presididas por los libertarios Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, que era del PRO hasta noviembre y ahora se sumó a las filas libertarias.
CÓMO ES EL PROYECTO
La iniciativa que quiere sancionar el Gobierno cambia el criterio persecutorio de ARCA ya que no se recurrirá a la Justicia ante inconsistencia en la declaración jurada mientras se pague la deuda; se permitirá ampliar el patrimonio sin que se deba dar explicaciones y se ampliarán los montos para considerar que una persona cometió el delito de evasión.
En ese sentido, la iniciativa aumenta el monto mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar por posible comisión de delito de evasión simple, al pasar de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los 1.000 millones de pesos (ya no más 15 millones).
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.
ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
En el punto donde si habrá mas sanciones es cuando no se presenten las declaraciones juradas en término, ya que en la actualidad las penas son mínimas y ahora subirán entre 250 mil a 400 mil pesos.
La iniciativa crea un Régimen simplificado de Ganancias por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
El artículo 39 del proyecto “establece el efecto liberatorio del pago, si se acepta el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y se realiza el pago en término; excepto que se hayan omitido ingresos”.
LOS DETALLES
En otro orden, el proyecto del Gobierno prevé unificar los plazos de prescripción en materia tributaria provincial, municipal y de CABA, los que se regirán por lo dispuesto en la Ley Nacional de Procedimiento Fiscal, por lo que se eliminan los poderes locales para regir en la materia.
Por otro lado, se busca reducir el plazo de prescripción de 10 a 5 años en materia de seguridad social y obras sociales.
Es decir que se reduce a la mitad el plazo para que el fisco pueda reclamar por obligaciones no cumplidas. #AgenciaNA
