Buenos Aires, 21 julio (NA) – Vecinos, comercios y productores rurales de Fracrán permanecieron más de 48 horas sin electricidad, después de que un temporal derribara decenas de postes en el centro de Misiones, mientras salió nuevamente a la luz que la Provincia lleva 31 años sin poner en funcionamiento el ente regulador creado para controlar el servicio y proteger a los usuarios.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las ráfagas registradas entre el viernes y el sábado provocaron la caída de árboles, cables y más de 30 postes en distintas áreas rurales, con graves consecuencias en Fracrán, San Vicente, San Pedro y Pueblo Illia.
Energía de Misiones reforzó el operativo con cuadrillas propias, contratistas y equipos de otras zonas. Los trabajadores debieron intervenir durante la noche, bajo la lluvia y sobre caminos anegados, una tarea que permitió avanzar paulatinamente con la reconstrucción de las líneas.
La magnitud del temporal explica los daños inmediatos, pero no resuelve el problema de fondo. Hogares que dependen de bombas eléctricas quedaron también sin agua, se perdió comida almacenada en heladeras y congeladores, se complicó la conservación de medicamentos y establecimientos productivos no pudieron continuar trabajando.
El episodio expuso además una omisión institucional que atraviesa a sucesivos gobiernos provinciales y que la administración de Hugo Passalacqua mantiene sin resolver: Misiones tiene desde 1995 una ley que creó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), pero no existe evidencia pública de que el organismo haya sido constituido y se encuentre operativo.
La Ley X N.º 17 estableció que el EPRE debía controlar la prestación, fijar estándares de calidad, inspeccionar instalaciones, aplicar sanciones, atender denuncias y exigir que las empresas corrigieran los incumplimientos. También ordenó que estuviera constituido dentro de los 60 días posteriores a la reglamentación de la norma.
Tres décadas después, los usuarios no cuentan con esa instancia independiente. La propia legislación les reconoce el derecho a recurrir al ente cuando la distribuidora no atiende un reclamo, a denunciar fallas, a recibir información sobre la calidad del servicio y a exigir penalidades por los incumplimientos.
En la práctica, quien padece un corte debe reclamar ante la misma estructura empresarial responsable de la distribución. No hay informes públicos periódicos que permitan comparar la duración y frecuencia de las interrupciones, conocer los niveles de tensión, establecer estándares provinciales verificables o determinar automáticamente una compensación.
El reglamento de suministro publicado por la empresa tampoco fija un plazo máximo para restablecer la electricidad frente a una avería ni contempla una reparación económica obligatoria por la pérdida prolongada del servicio. Esa ausencia deja al usuario en una posición desigual: la compañía puede intimar y cortar por mora, pero el vecino no dispone de un organismo autónomo que mida y sancione las fallas del prestador.
La empresa tiene participación estatal mayoritaria y forma parte de la política energética conducida por la Provincia. Por eso, la responsabilidad no puede descargarse únicamente sobre las cuadrillas ni sobre la violencia del temporal. Corresponde al Ejecutivo garantizar inversiones, mantenimiento preventivo y un sistema independiente de fiscalización.
Passalacqua heredó una omisión de 31 años, pero gobierna actualmente y conserva la potestad de reglamentar, constituir o promover la actualización del esquema de control. Mantener el vacío también es una decisión política.
La emergencia terminará cuando se repongan los postes y vuelva la energía. La desprotección continuará mientras Misiones siga sin medir públicamente la calidad del servicio, sin sancionar incumplimientos y sin reconocer compensaciones. El temporal derribó la red durante dos días; la Provincia dejó caer el sistema de control durante más de tres décadas.
Agencia NA
